Agentes federales con uniformes sin distintivos, cubiertos con mascarillas y sin ninguna forma visible de identificación, están deteniendo a civiles en ciudades estadounidenses bajo justificaciones legales que no resisten el escrutinio constitucional.
Estas operaciones, cada vez más comunes en zonas urbanas, involucran a hombres enmascarados que capturan a personas en espacios públicos sin presentar órdenes judiciales, identificar su agencia, ni explicar la base legal de la detención.
Aunque las autoridades citan órdenes administrativas o poderes no especificados, su negativa a identificarse y el incumplimiento de los procedimientos normales despojan a estas detenciones de legitimidad.
En principio, cualquier persona que afirme actuar bajo autoridad federal debe poder demostrarla si se le solicita. Pero en estos incidentes, las personas son llevadas de las calles por figuras que no muestran insignias oficiales, no presentan identificación y no revelan el fundamento legal de la detención.
En algunos casos, ni siquiera se transportan en vehículos con marcas gubernamentales. El resultado es una confusión entre la autoridad del Estado y el secuestro ilegal, dejando al público sin manera inmediata de distinguir entre una acción oficial y una suplantación o abuso oportunista.
Esta táctica ha sido comúnmente asociada con la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, su uso se está expandiendo más allá del ICE. Informes indican que otras agencias federales, muchas veces actuando en coordinación o bajo estructuras de fuerzas especiales conjuntas, están utilizando agentes enmascarados y sin identificar en operaciones a nivel callejero.
A diferencia de la aplicación tradicional de la ley, que está sujeta a los estándares de las Enmiendas Cuarta y Quinta, estos agentes actúan bajo la protección de mandatos vagos y amparados por una supervisión mínima. La ausencia de una identificación clara no solo viola el debido proceso, sino que también crea una ambigüedad legal que pone en peligro la seguridad pública y debilita la rendición de cuentas.
El umbral legal para detener a una persona en público no es flexible. Según el derecho constitucional establecido, un agente —sea federal o no— debe tener causa probable o una sospecha razonable y articulada para detener a alguien.
Más importante aún, esa autoridad debe ser demostrable. Sin una placa visible, una placa con el nombre o una credencial de agencia, no existe autoridad verificable para la detención, no hay fundamento procesal para obedecer y no hay mecanismo legal para exigir responsabilidad.
Si un agente enmascarado sin insignias exige que alguien obedezca una orden, esa persona no está obligada a cumplir a menos que se establezca una base legal legítima.
Aún más preocupante es el número creciente de personas que, según informes, han sido arrestadas o detenidas simplemente por cuestionar la legitimidad de estos agentes. Preguntar “¿De qué agencia es usted?” o “¿Puedo ver su placa?” no constituye obstrucción. Es un derecho constitucional.
Sin embargo, se ha amenazado, esposado o llevado por la fuerza a civiles por ejercer protecciones básicas del debido proceso. En estos casos, los agentes involucrados no solo están actuando fuera de las normas procesales, sino que también podrían estar violando la ley federal.
Según el Código de EE. UU. 18 § 242, es un delito que cualquier persona que actúe bajo “color de ley” prive intencionalmente a alguien de los derechos protegidos por la Constitución. Esto incluye detenciones ilegales, uso de la fuerza sin autoridad legal y negación del debido proceso.
En el momento en que un agente se niega a identificarse o a identificar su agencia mientras ejerce poderes policiales, sus acciones comienzan a entrar en esta categoría. Si no se presenta documentación oficial, orden judicial o causa justificada, entonces cumplir con sus órdenes no solo es innecesario —sino que se vuelve legalmente peligroso.
Esta erosión de la autoridad clara tiene implicaciones más amplias. El gobierno de EE. UU. ha advertido durante mucho tiempo sobre la suplantación de oficiales federales, señalando que los ciudadanos deben exigir verificación a cualquiera que afirme tener tales poderes.
Según el 18 U.S.C. § 912, hacerse pasar por un oficial federal es un delito grave.
Pero al permitir que agentes enmascarados operen sin identificación pública, se ha borrado deliberadamente la línea entre la aplicación legal de la ley y la suplantación, dejando a los estadounidenses sin forma de distinguir entre una detención legal y un secuestro criminal.
Los agentes federales tienen protocolos internos que recomiendan identificarse durante las operaciones. Pero una “recomendación” no es una protección legal. La negativa a exigir placas con nombres, insignias visibles o credenciales —especialmente durante detenciones públicas— crea un entorno donde el abuso es fácil, la supervisión está ausente y los ciudadanos no tienen una vía inmediata para protegerse.
Cuando el Estado autoriza a individuos enmascarados a detener a otros bajo un velo de secreto, se vuelve indistinguible del desgobierno. El público se ve en la posición de que negarse a obedecer puede interpretarse como desobediencia, pero obedecer implica renunciar a sus derechos frente a una autoridad que no ha demostrado su existencia.
Esto no es una falla técnica. Es un colapso estructural. Representa un conflicto directo con los principios fundamentales de un gobierno constitucional. Los estadounidenses no están obligados a someterse a una fuerza anónima.
No están obligados a obedecer las órdenes de una figura enmascarada que afirma ser un agente de la ley. La carga de la prueba recae en el Estado. Sin identificación, la autoridad es nula. Y sin rendición de cuentas, el estado de derecho se desmorona en un poder ejercido sin permiso ni límite.
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Olga Fedorov (AP) and Myung J. Chun/Los Angeles Times (via AP)
