Entre las granjas de cangrejos de río, los altos pinos y los cafés que sirven po’boys en las zonas rurales de Luisiana, cerca de 7,000 personas esperan en centros de detención migratoria para saber si serán expulsadas de Estados Unidos.
Si la administración del presidente Donald Trump logra imponer su plan, pronto se sumará capacidad para detener a decenas de miles de migrantes más en todo el país, en una expansión explosiva del que ya es el sistema de detención migratoria más grande del mundo.
El intento de Trump por cumplir con sus promesas de deportaciones masivas hechas durante la campaña de 2024 representa una potencial bonanza para empresas privadas de prisiones y un reto para las agencias gubernamentales encargadas de realizar las expulsiones de manera ordenada.
Algunos críticos sostienen que los planes del gobierno también incluyen un intento deliberado por aislar a los detenidos, al encarcelarlos y llevar a cabo sus procesos judiciales lejos de sus abogados y redes de apoyo.
El director interino de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, dijo en una conferencia de seguridad fronteriza en Phoenix, en abril, que la agencia necesita “mejorar en tratar esto como un negocio” y sugirió que el sistema de deportación nacional podría funcionar “como Amazon, intentando entregar su producto en 24 horas”.
“Entonces, tratar de hacer eso con seres humanos y enviarlos prácticamente por todo el mundo es realmente algo para nosotros,” dijo Lyons.
ICE TOMA MEDIDAS PARA AÑADIR MÁS CAMAS DE DETENCIÓN MIGRATORIA
En abril, ICE invitó a empresas a licitar contratos para operar centros de detención en distintas partes del país por un valor de hasta $45 mil millones, mientras la agencia comienza a escalar su presupuesto actual de alrededor de 41,000 camas a 100,000 camas.
Aún no se cuenta con todos los fondos, pero ya se están adjudicando contratos. La Cámara de Representantes aprobó por un margen estrecho un amplio proyecto de gasto que incluye $175 mil millones para la aplicación de leyes migratorias, aproximadamente 22 veces el presupuesto anual de ICE. Los más de 100 centros de detención de ICE en todo el país actualmente albergan a unas 46,000 personas, lo que provoca hacinamiento en lugares como Miami.
ICE otorgó recientemente un contrato por hasta $3.85 mil millones a Deployed Resources LLC para operar un campamento de detención en la base del Ejército en Fort Bliss, Texas. Esta empresa poco conocida está cambiando su enfoque de los campamentos de carpas de la Patrulla Fronteriza para personas recién llegadas —la mayoría ya cerrados— a instalaciones de ICE para personas en proceso de deportación.
The Geo Group Inc. obtuvo un contrato para 1,000 camas en Newark, Nueva Jersey, valorado en $1 mil millones por 15 años, y otro para 1,800 camas en Baldwin, Michigan. CoreCivic Inc. ganó un contrato para albergar a 2,400 personas en familias con niños pequeños en Dilley, Texas, por cinco años.
El mercado bursátil ha recompensado a ambas compañías privadas de correcciones. El precio de las acciones de Geo ha subido un 94% desde que Trump fue elegido. Las acciones de CoreCivic se han disparado un 62%.
LUISIANA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN ESPACIO DE DETENCIÓN MIGRATORIA
Luisiana, que tiene relativamente pocos inmigrantes y no limita con México, puede no parecer una elección obvia para establecer un centro de detención migratoria. Pero las circunstancias convergieron hacia finales de la década pasada y permitieron que ICE tomara control de cinco antiguas cárceles penales en el estado solo en 2019.
Ahora, el estado ocupa el segundo lugar después de Texas en cuanto a la cantidad de espacio disponible para inmigrantes detenidos. ICE se sintió atraído al estado en parte por los bajos costos laborales, un entorno político generalmente favorable y una oferta disponible de cárceles recientemente desocupadas.
Leyes estatales aprobadas en 2017 redujeron las penas penales, disminuyendo así la necesidad de camas en cárceles y prisiones. En zonas rurales, donde una cárcel suele ser un motor clave de la economía local, los funcionarios estaban ansiosos por firmar contratos para detención migratoria.
“Como Luisiana era uno de los estados con mayor encarcelamiento en el mundo, no es como si hubiera legisladores locales en contra de las prisiones o en contra de permitir que un complejo carcelario con fines de lucro se instale y asegure que estas instalaciones sigan funcionando,” dijo Nora Ahmed, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Luisiana.
Tribunales federales conservadores en el Distrito Occidental de Luisiana y en el 5º Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos hacen más difícil que las personas en cárceles migratorias de Luisiana impugnen las condiciones de detención o apelen fallos de tribunales migratorios, dijo Mary Yanik, profesora y codirectora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane.
“ICE básicamente puede escoger los tribunales donde se escuchan sus casos al ubicar los centros de detención en ciertos lugares,” dijo.
LOS CENTROS DE DETENCIÓN ESTÁN A HORAS DE LAS CIUDADES Y LOS ABOGADOS
Los nueve centros de detención migratoria en Luisiana están ubicados en el norte o el oeste rural del estado. Eso implica un viaje de varias horas desde sus ciudades más grandes, donde se concentran abogados y defensores de los inmigrantes. Los detenidos llevan años denunciando aislamiento.
Estar retenidos en “condiciones deplorables” y aislados de sus familias y redes de apoyo puede hacer que las personas dejen de luchar contra su deportación y facilitar que ICE las remueva, dijo Carly Pérez Fernández, vocera de Detention Watch Network, que ayudó a organizar protestas nacionales contra la detención migratoria.
“La detención cumple un papel crucial en permitir la cruel agenda de deportaciones masivas de Trump,” dijo. “El aumento en la capacidad de detención agravará las condiciones que ya sabemos que son inhumanas.”
La mayoría de las instalaciones de detención están relativamente cerca de Alexandria, donde ICE convirtió una antigua base militar en un centro de detención temporal de 400 camas, con una pista aérea adyacente para vuelos de deportación.
Una de las instalaciones está en Jena, un pueblo de 4,200 habitantes a unos 220 millas de Nueva Orleans. La comunidad cuenta con un solo hotel anunciado llamado Townsmen Inn.
El centro de detención de Jena, operado mediante contrato con The Geo Group, está rodeado de señales de “prohibido el paso,” cercas con alambre de púas en varias capas y guardias armados.
Homero López, abogado de Immigration Services and Legal Advocacy, que ofrece representación gratuita en centros de detención de Luisiana, dijo que la ubicación remota “hace mucho más difícil protestar y organizarse.”
La introducción de enlaces de video para las cortes migratorias ha suavizado —pero no eliminado— las críticas de que ICE busca deliberadamente alejar a los detenidos de sus familias, abogados y otras formas de apoyo.
López dijo que le parece bien usar videoconferencias para asuntos preliminares rápidos, pero prefiere hacer el viaje y estar presente en persona para audiencias de fondo. Afirmó que los enlaces de video pueden ser “deshumanizantes” y pueden hacer que los jueces no comprendan plenamente lo que está en juego cuando no ven a los inmigrantes cara a cara.
Sara Cline and Kate Brumback
Associated Press
JENA, Louisiana
Gerald Herbert (AP), Dario Lopez-Mills (AP), and Stephen Smith (AP)
