Esta serie explicativa, Doctrina católica sobre la inmigración, explora cómo la enseñanza de la fe y las Escrituras se entrelazan con la política migratoria, centrándose en el papel de la Iglesia católica de Milwaukee en su respuesta a la aplicación de la ley, las dinámicas laborales y la separación familiar. A través de reportajes detallados en contextos legales, económicos y pastorales elaborados por el equipo de Milwaukee Independent, la serie analiza cómo la doctrina de la Iglesia da forma a la acción institucional e informa el compromiso de la Iglesia con los asuntos migratorios a nivel nacional. mkeind.com/catholicimmigration
El aparato de control migratorio de Estados Unidos no es solo un asunto fronterizo. Es un asunto familiar. Cada redada, detención y deportación repercute en hogares que a menudo abarcan distintas categorías legales.
Esto se hace especialmente visible en estados como Wisconsin, donde las familias inmigrantes viven en un limbo legal, atrapadas entre la política federal y las realidades locales. Wisconsin alberga a decenas de miles de familias con estatus mixto, donde al menos un integrante es indocumentado mientras que otros son ciudadanos o residentes permanentes legales.
Según datos estatales compilados por redes de defensa de inmigrantes y citados en documentos distribuidos por la Arquidiócesis de Milwaukee, más de 13,000 niños ciudadanos estadounidenses en Wisconsin tienen al menos un padre o madre indocumentado. Estos niños viven con la amenaza constante de que uno de sus padres sea detenido o deportado, no por actividad criminal, sino únicamente por su estatus migratorio.
Este riesgo no es hipotético. En Wisconsin, las acciones de control han incluido redadas en centros de trabajo, colaboración entre autoridades locales y agencias federales, y un uso creciente de puestos de control administrativos.
Estas prácticas han provocado una ola de trauma en las familias afectadas. Hay niños sacados de la escuela mientras uno de sus padres es detenido, cónyuges que quedan a cargo del hogar en soledad, y comunidades enteras que se ven desestabilizadas por el miedo.
Las consecuencias van mucho más allá del individuo. Cuando se remueve a un padre o madre, la base económica del hogar puede colapsar. Las familias pierden ingresos, la vivienda se vuelve insegura y los niños experimentan angustia psicológica.
Educadores en el sureste de Wisconsin han reportado cambios de comportamiento entre estudiantes con familiares indocumentados —incluyendo ansiedad, retraimiento y bajo rendimiento académico— a medida que la aplicación migratoria se convierte en una amenaza constante.
La comunidad de fe en Milwaukee ha estado en la primera línea de esta crisis. La Arquidiócesis ha documentado decenas de casos en los que familias fueron alteradas o separadas permanentemente debido a acciones migratorias.
En algunas parroquias, ministerios enteros han evolucionado para apoyar a las familias afectadas, ayudándolas a tramitar documentos de tutela, acceder a asistencia legal y mantener estabilidad frente a la intervención federal. La respuesta no es meramente pastoral; es institucional. Escuelas católicas, organizaciones benéficas y oficinas diocesanas han coordinado estrategias para asegurar que los niños tengan vivienda, alimentación y permanezcan inscritos en la escuela, incluso después de la detención de uno de sus padres.
Mientras que el discurso público sobre migración suele centrarse en la legalidad, la experiencia vivida es de inestabilidad y fragmentación. El sistema migratorio, tal como funciona actualmente, no ofrece vías significativas para la unidad familiar.
Muchos padres indocumentados han vivido en Estados Unidos por más de una década, han pagado impuestos y criado hijos ciudadanos estadounidenses, pero siguen siendo inelegibles para regularizar su estatus debido a cuotas obsoletas y trabas burocráticas.
Lo que hace que el panorama actual de políticas sea especialmente destructivo es la brecha entre la aplicación y el remedio. Las familias que enfrentan la separación con frecuencia no tienen recursos legales. Los tribunales migratorios están saturados, los alivios discrecionales son escasos y los procesos de apelación pueden tardar años, todo mientras la unidad familiar permanece fracturada.
Defensores en Wisconsin han señalado este cuello de botella procesal como una crisis oculta. Hay niños colocados en hogares temporales no por negligencia, sino porque uno de sus padres fue detenido. Personas mayores pierden a quienes los cuidan. Hermanos se ven separados entre diferentes viviendas. Y ante la ausencia de mecanismos formales de alivio frente a la deportación, estas situaciones se vuelven permanentes.
Esta crueldad burocrática no es accidental. Es estructural. El enfoque del gobierno federal hacia la aplicación migratoria prioriza las expulsiones sobre las soluciones. Las estrategias de control interno —incluyendo auditorías de formularios I-9 y vigilancia comunitaria— afectan de manera desproporcionada a familias que llevan años asentadas en el país, más que a quienes han llegado recientemente.
En Wisconsin, muchas de las personas afectadas han vivido en el estado por más de una década, son propietarias de viviendas y contribuyen activamente a la fuerza laboral. Pero el sistema no reconoce estos lazos. El estatus legal se trata como algo binario: o lo tienes, o no. Y para miles de familias, esta lógica binaria rompe los vínculos que las mantienen unidas.
Las instituciones locales han intentado llenar ese vacío. En Milwaukee, clínicas legales organizadas por iglesias —atendidas por abogados voluntarios y estudiantes de derecho— se han convertido en redes críticas de apoyo. Si bien estas clínicas no pueden corregir las injusticias estructurales, ofrecen una línea de defensa al presentar solicitudes de suspensión de deportación de emergencia, explicar opciones migratorias complejas y ayudar a las familias a preparar planes de contingencia. Esto incluye establecer tutelas temporales, recopilar documentación e identificar redes de apoyo anticipadamente en caso de que un padre sea detenido.
También han intervenido organizaciones comunitarias, no como actores políticos, sino como primeros auxilios sociales. Personal escolar en distritos del área de Milwaukee ha recibido capacitación sobre cómo enfrentar traumas relacionados con el ICE. Consejeros han sido instruidos sobre los signos de inestabilidad familiar derivada de la aplicación migratoria. En algunas escuelas, el personal ha desarrollado protocolos internos para conectar a las familias afectadas con recursos legales y de vivienda. Estas respuestas surgen por necesidad, no por mandato oficial.
Pero la contradicción central persiste. La política estadounidense afirma valorar la unidad familiar, mientras implementa procedimientos que la destruyen. Esta hipocresía no pasa desapercibida para los líderes religiosos en Wisconsin.
La Arquidiócesis de Milwaukee ha pedido repetidamente reformas que coloquen a la familia en el centro, incluyendo protecciones para residentes de larga data y vías de regularización para padres de hijos ciudadanos. Estas no son posturas marginales. Reflejan un consenso creciente entre educadores, clero y proveedores de servicios: el sistema actual castiga a las familias en lugar de protegerlas.
Hasta que ese sistema cambie, la carga recaerá sobre las comunidades locales. Milwaukee ha asumido esa carga con recursos limitados y una determinación extraordinaria. Pero la compasión no puede reemplazar a la política. Y aunque los ministerios y la ayuda mutua pueden amortiguar el golpe, no pueden revertir el daño una vez que una familia ha sido destruida por la ley.
