Esta serie explicativa, Doctrina católica sobre la inmigración, explora cómo la enseñanza de la fe y las Escrituras se entrelazan con la política migratoria, centrándose en el papel de la Iglesia católica de Milwaukee en su respuesta a la aplicación de la ley, las dinámicas laborales y la separación familiar. A través de reportajes detallados en contextos legales, económicos y pastorales elaborados por el equipo de Milwaukee Independent, la serie analiza cómo la doctrina de la Iglesia da forma a la acción institucional e informa el compromiso de la Iglesia con los asuntos migratorios a nivel nacional. mkeind.com/catholicimmigration
En todo Estados Unidos, el debate sobre la inmigración indocumentada suele centrarse en la legalidad, las fronteras y la aplicación de la ley. Lo que con frecuencia se ignora es el papel fundamental que desempeñan los trabajadores indocumentados en la economía del país, y tal vez en ningún lugar sea esto más evidente que en los mercados laborales de Wisconsin.
En Wisconsin, la mano de obra inmigrante no es marginal. Es esencial. Desde granjas lecheras hasta hospitales y sitios de construcción, la economía del estado depende en gran medida de personas que carecen de estatus legal pero que contribuyen con trabajo arduo y, a menudo, invisible. La política migratoria federal sigue estancada, pero el impacto a nivel estatal es inmediato, medible y continuo.
Uno de los indicadores más claros de esta dependencia es el sector agrícola de Wisconsin, en particular la industria lechera. Según los datos del informe Dairy Herd Management 2025, citados en materiales de defensa estatales, más de la mitad de toda la mano de obra lechera en Wisconsin está compuesta por trabajadores inmigrantes.
Estos trabajadores contribuyen a la producción de aproximadamente el 79 % del suministro de leche de Estados Unidos. Sin ellos, toda la cadena de suministro —desde las operaciones de ordeño hasta la logística de transporte— colapsaría. Además, la dependencia de mano de obra inmigrante en Wisconsin refleja tendencias nacionales en industrias esenciales. Los inmigrantes ocupan más del 25 % de los empleos agrícolas y representan una proporción significativa de la fuerza laboral nacional en construcción, STEM, salud y cuidado personal.
Pero en Wisconsin, esta dependencia se ve amplificada por una escasez laboral aguda. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó en 2025 que el estado tenía solo 0.6 personas desempleadas por cada vacante disponible, una brecha laboral del 40 %. En este contexto, las contribuciones de los trabajadores indocumentados no son suplementarias. Son insustituibles.
El papel de la mano de obra inmigrante va más allá de las granjas y las fábricas. Los trabajadores indocumentados están integrados en la infraestructura de las economías urbanas, incluida Milwaukee. Mientras el debate nacional a menudo reduce la inmigración a contextos rurales o fronterizos, ciudades como Milwaukee dependen de la mano de obra inmigrante para todo, desde construcción residencial hasta cuidados de largo plazo.
Si bien la documentación de la Arquidiócesis de Milwaukee no cuantifica los porcentajes específicos por industria dentro de la ciudad, sus datos confirman una presencia local significativa. Es una presencia que las instituciones católicas han documentado durante años, rastreando tanto la vulnerabilidad como las contribuciones de las personas indocumentadas.
Estas contribuciones no son solo económicas. Son profundamente humanas. Los trabajadores inmigrantes son padres, cuidadores, miembros de la comunidad y feligreses. Participan en las economías locales, en las escuelas y en las comunidades de fe, todo mientras viven bajo la constante presión de la incertidumbre legal. El sistema les permite trabajar, pero les niega estabilidad. Se beneficia de su productividad mientras les niega reconocimiento.
A pesar de su papel central en la economía, los trabajadores indocumentados son tratados como desechables dentro del marco legal. Contribuyen con miles de millones en impuestos —incluyendo nómina, Seguridad Social y Medicare—, pero se les niega el acceso a los mismos beneficios que ayudan a financiar.
Según datos recopilados en presentaciones estatales con fuentes del Instituto de Política Tributaria y Económica, los inmigrantes indocumentados pagaron casi 97 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales solo en 2022. Eso incluye más de 25 mil millones de dólares destinados al Seguro Social, un sistema del cual legalmente nunca podrán beneficiarse.
En Wisconsin, estas contribuciones fiscales van de la mano con trabajo visible y estatus invisible. La contradicción se manifiesta en cada industria donde los trabajadores inmigrantes están presentes pero no protegidos. La comunidad católica de Milwaukee ha abordado esto directamente, no desde la abstracción sino a través de ministerios diocesanos que ofrecen referencias legales, talleres de protección familiar y educación comunitaria. Estos programas, coordinados en parte por la Arquidiócesis de Milwaukee, han cobrado urgencia a medida que la aplicación de leyes migratorias se expande y la reforma federal sigue paralizada.
Para los legisladores, la realidad es clara, aunque políticamente incómoda. La crisis laboral en Wisconsin no es una proyección: es un hecho persistente, documentado tanto por el gobierno como por el sector privado. Los trabajadores indocumentados ya están aquí, ya están trabajando y ya están sosteniendo los sistemas que benefician a todos los residentes. Los llamados a expulsarlos de la fuerza laboral o restringir su acceso a servicios locales no solo son moralmente errados, sino económicamente suicidas para industrias clave del estado.
Ante la ausencia de una reforma migratoria, la fuerza laboral que sostiene la infraestructura de Wisconsin queda atrapada en un limbo legal y ético. Los trabajadores indocumentados se arriesgan a la deportación por manejar hacia el trabajo, buscar atención médica o acceder a recursos para sus hijos. Los empleadores en sectores como el lácteo y el cuidado de personas mayores enfrentan una paradoja legal: dependen del trabajo indocumentado para satisfacer necesidades básicas de personal, pero operar reconociendo esa dependencia atrae el escrutinio federal.
El costo de esta disfunción lo paga toda la sociedad. Cuando las granjas cierran por falta de mano de obra, las cadenas de suministro se contraen. Cuando los proveedores de salud no pueden contratar personal de apoyo, los pacientes sufren. Cuando las vacantes superan la cantidad de trabajadores disponibles, las economías locales se estancan. Esto no es teórico. La erosión —nada lenta— ya está en marcha, con las comunidades inmigrantes de Milwaukee atrapadas en la línea de fuego entre la postura política y la necesidad estructural.
El mensaje de la Iglesia, reflejado tanto en la doctrina como en la defensa local, es que estos trabajadores no son una población en las sombras. Son parte del cuerpo político: contribuyen, sufren, perseveran. Ignorar su estatus no hace que su labor sea menos esencial. Negar su presencia no hace posible su ausencia.
Cualquier conversación seria sobre el futuro de la economía de Wisconsin debe comenzar con un reconocimiento honesto: los trabajadores indocumentados no son la excepción. Son el motor económico.
