Esta serie explicativa, Doctrina católica sobre la inmigración, explora cómo la enseñanza de la fe y las Escrituras se entrelazan con la política migratoria, centrándose en el papel de la Iglesia católica de Milwaukee en su respuesta a la aplicación de la ley, las dinámicas laborales y la separación familiar. A través de reportajes detallados en contextos legales, económicos y pastorales elaborados por el equipo de Milwaukee Independent, la serie analiza cómo la doctrina de la Iglesia da forma a la acción institucional e informa el compromiso de la Iglesia con los asuntos migratorios a nivel nacional. mkeind.com/catholicimmigration
Durante décadas, la Iglesia católica en Estados Unidos ha mantenido una postura coherente sobre la inmigración: que la reforma debe guiarse no por la conveniencia política, sino por la claridad moral.
Basado en siglos de doctrina social católica y moldeado por las experiencias concretas de comunidades parroquiales en lugares como Milwaukee, el marco propuesto por la Iglesia establece seis elementos fundamentales. Estos pilares representan una visión integral de la reforma migratoria, centrada en la dignidad de toda persona, el valor de la familia y las obligaciones morales de las naciones.
El primer principio de la Iglesia insiste en que la aplicación de las leyes migratorias debe ser tanto dirigida como humana. Esto no significa abandonar el orden legal, sino rechazar el uso de tácticas generalizadas que traten a todas las personas indocumentadas como amenazas.
La aplicación debe centrarse en peligros creíbles, como el crimen organizado, la trata de personas y las redes de narcotráfico. La detención, si se usa, debe ser excepcional y estrictamente limitada en su alcance. Nunca debe aplicarse de forma indiscriminada a familias, niños o personas con condiciones médicas vulnerables. El uso de personal militar en operaciones migratorias también se rechaza bajo este principio, ya que se considera una violación a la integridad civil y una distorsión del papel legítimo de la vigilancia fronteriza.
El segundo pilar defiende la integridad de las protecciones humanitarias y el debido proceso legal. La doctrina católica plantea este asunto no como una preferencia política, sino como una cuestión de conciencia. La Iglesia advierte sobre el debilitamiento de los estándares de asilo o la politización de los programas de reasentamiento de refugiados.
Desde su perspectiva, elevar barreras procesales para quienes huyen de la violencia, la persecución o la trata pone vidas en riesgo y socava la base ética del derecho migratorio. Los sistemas que privan a las personas de las garantías del debido proceso se consideran una afrenta al Estado de derecho y a la dignidad inherente de la persona humana.
Un tercer elemento esencial es el reconocimiento de los residentes indocumentados de larga duración y su derecho a acceder a un estatus legal mediante vías obtenidas por méritos. Este principio cuestiona la narrativa política común de que la regularización premia la ilegalidad. En cambio, la Iglesia sostiene que muchos inmigrantes indocumentados tienen raíces profundas en la sociedad estadounidense, tras haber vivido y trabajado en el país durante años, y en muchos casos, décadas.
Muchos son padres de ciudadanos estadounidenses, miembros fundamentales de las economías locales y contribuyentes al sistema tributario. Concederles estatus legal no solo los sacaría de las sombras, sino que también fortalecería la cohesión social y la estabilidad económica.
Íntimamente relacionado está el cuarto principio: la centralidad de la unidad familiar. La Iglesia sostiene que la política migratoria debe medirse por su capacidad de preservar y proteger a las familias, no de dividirlas.
Las políticas restrictivas que penalizan a ciudadanos estadounidenses por tener familiares no ciudadanos, o que retrasan la reunificación por años, se consideran corrosivas para la vida comunitaria. Los sistemas migratorios no deben crear barreras administrativas que obliguen a las familias a tomar decisiones imposibles o a soportar separaciones prolongadas.
El quinto pilar aboga por la creación y expansión de vías legales. La Iglesia reconoce que una de las causas fundamentales de la migración irregular es la ausencia de opciones legales viables. El marco legal vigente se basa en cuotas y criterios establecidos hace décadas, antes de que surgieran las realidades demográficas y económicas actuales.
Actualizar estos sistemas —tanto para la migración temporal como permanente— se considera esencial. Agilizar los procesos de visado, eliminar los retrasos acumulados y abordar la escasez regional de mano de obra mediante acceso legal son medidas vistas como correctivas necesarias.
Finalmente, la Iglesia enfatiza la importancia de abordar las causas estructurales de la migración forzada. La creencia aquí es que migrar debe ser una elección, no un último recurso. Las personas deberían poder vivir con seguridad y dignidad en su país de origen. Cuando eso se vuelve imposible debido a la violencia, la corrupción, el colapso ambiental o la miseria económica, los individuos tienen derecho a buscar una vida mejor en otro lugar.
Pero la solución a largo plazo, según la visión de la Iglesia, reside en la cooperación global para estabilizar las condiciones que impulsan el desplazamiento. El aislamiento, la militarización fronteriza y las estrategias basadas únicamente en la disuasión se consideran insuficientes y moralmente incompletas.
En conjunto, estos seis pilares forman un modelo coherente de reforma migratoria que prioriza el razonamiento moral sobre las respuestas reactivas. En lugar de tratar la inmigración como una crisis de seguridad o una carga económica, la Iglesia la replantea como una prueba del carácter nacional.
Cada elemento —desde la aplicación humana de la ley hasta la protección de las familias— se fundamenta en la convicción de que una sociedad justa no excluye a las personas vulnerables de la protección, la participación ni la pertenencia. Aunque estos principios están enraizados en la enseñanza católica, no son demandas sectarias.
Los valores que representan —dignidad, equidad, comunidad y responsabilidad— resuenan más allá de las bancas de la iglesia. De hecho, muchos de estos elementos coinciden estrechamente con posturas previamente respaldadas en propuestas bipartidistas de inmigración, incluidas reformas en el procesamiento de asilo, ajustes para los Dreamers y trabajadores esenciales, y la ampliación de canales legales para la migración laboral.
El llamado de la Iglesia a una aplicación proporcional de la ley resulta especialmente relevante ante la creciente preocupación por los excesos en la vigilancia migratoria. Redadas indiscriminadas, separaciones familiares y detenciones masivas han sido criticadas de forma reiterada, no solo por defensores de derechos humanos, sino también por instituciones de la sociedad civil a lo largo del espectro político.
El marco de la Iglesia ofrece un contrapeso a los modelos punitivos que equiparan la condición de indocumentado con la criminalidad o que tratan la migración en sí misma como una amenaza. Al priorizar una aplicación enfocada y alternativas a la detención, este modelo afirma que la seguridad y la humanidad no son excluyentes.
De manera similar, el énfasis en el acceso legal responde directamente al mito generalizado de que los migrantes simplemente se niegan a “ponerse en la fila”. La Iglesia señala que, para muchos migrantes, esa fila no existe. Las cuotas actuales, las categorías de visado y los retrasos en el procesamiento hacen que la entrada legal sea, en la práctica, inalcanzable, incluso para quienes tienen vínculos familiares o laborales en Estados Unidos. Ampliar las vías legales no genera caos. Crea previsibilidad y reduce la presión sobre la infraestructura fronteriza.
El principio del debido proceso es otro pilar fundamental que a menudo se pasa por alto en los debates políticos. Los migrantes, sin importar su estatus legal, tienen derecho a procedimientos justos. Esto incluye el derecho a ser escuchados, a recibir una decisión basada en pruebas y a tener acceso a recursos legales. La erosión de estas garantías no solo perjudica a las personas, sino que debilita la integridad del sistema jurídico en su conjunto. La posición de la Iglesia insiste en que los derechos de nadie deben ser descartados simplemente por su lugar de nacimiento o la forma en que llegó al país.
Al promover vías obtenidas por méritos para la ciudadanía, la Iglesia reconoce las contribuciones de largo plazo de millones de personas indocumentadas. Son personas que han pagado impuestos, criado familias y construido vidas en comunidades a lo largo del país. Tratarlos como mano de obra desechable o como forasteros perpetuos contradice tanto los principios éticos como la realidad económica. El estatus legal no es solo un beneficio para el inmigrante. Es un beneficio para la nación, ya que aporta estabilidad, visibilidad y confianza a un segmento de la población que, de otro modo, se ve obligado a vivir en la precariedad.
Quizás lo más distintivo del modelo de la Iglesia es la perspectiva global que aporta sobre las causas de la migración. En lugar de centrarse únicamente en la aplicación doméstica de la ley, el marco hace un llamado al compromiso internacional para abordar las condiciones estructurales que obligan a las personas a desplazarse. Desastres climáticos, colapsos políticos, violencia de pandillas e inseguridad alimentaria figuran entre los factores que impulsan los desplazamientos masivos.
La política estadounidense, sostiene la Iglesia, debe ir más allá de fortificar fronteras y apostar en cambio por la diplomacia, el desarrollo y la ayuda humanitaria, con el objetivo de crear condiciones en las que migrar sea una elección, no un acto desesperado.
El efecto acumulado de estos seis elementos es humanizar un debate que a menudo se reduce a eslóganes y estadísticas. La política migratoria, vista a través de esta lente, se convierte en un reflejo de cómo una nación valora la vida, la comunidad y la responsabilidad moral.
El modelo de la Iglesia no ignora la necesidad de marcos legales ni de soberanía nacional. Simplemente insiste en que esos sistemas estén fundados en la justicia, no en la crueldad; en el orden, no en el miedo; en la verdad, no en el teatro político.
A medida que los líderes políticos continúan debatiendo la complejidad de la gestión fronteriza y la reforma migratoria, el marco católico no solo ofrece una alternativa, sino un desafío. Plantea si las políticas propuestas responden únicamente a intereses inmediatos, o si reflejan valores duraderos que trascienden los ciclos políticos.
Y recuerda al público —sea católico o no— que el trato a los inmigrantes nunca es solo un tema de política pública. Es una prueba del alma de la nación.
