Esta serie explicativa, Doctrina católica sobre la inmigración, explora cómo la enseñanza de la fe y las Escrituras se entrelazan con la política migratoria, centrándose en el papel de la Iglesia católica de Milwaukee en su respuesta a la aplicación de la ley, las dinámicas laborales y la separación familiar. A través de reportajes detallados en contextos legales, económicos y pastorales elaborados por el equipo de Milwaukee Independent, la serie analiza cómo la doctrina de la Iglesia da forma a la acción institucional e informa el compromiso de la Iglesia con los asuntos migratorios a nivel nacional. mkeind.com/catholicimmigration
A comienzos de 2024, Estados Unidos parecía estar al borde de un raro avance bipartidista en materia migratoria. Tras meses de negociaciones, un amplio paquete del Senado prometía modernizar el control fronterizo, reducir los retrasos en solicitudes de asilo y ampliar los fondos para tecnología destinada a interceptar opioides sintéticos como el fentanilo.
La propuesta, respaldada por republicanos y demócratas por igual, fue presentada como el acuerdo migratorio más importante en una década y, quizás, la última oportunidad realista para que el Congreso actuara antes de las elecciones de noviembre.
Pero la legislación colapsó de forma espectacular. Aunque no ejercía la presidencia en ese momento, Donald Trump desempeñó un papel decisivo para asegurar el fracaso del proyecto. Al ejercer presión pública y privada sobre los republicanos del Congreso —especialmente sobre el presidente de la Cámara, Mike Johnson—, Trump ayudó a torpedear una medida que incluía muchas de las políticas que su propia administración había promovido anteriormente.
Las consecuencias de esa obstrucción aún se siguen sintiendo. Sistemas de detección de fentanilo adquiridos por el Departamento de Seguridad Nacional permanecieron almacenados durante meses, sin los fondos necesarios para su instalación que contemplaba el proyecto original. El procesamiento fronterizo siguió desbordado. Y disposiciones clave que podrían haber estabilizado la aplicación migratoria fueron descartadas. Todo mientras Trump utilizaba la crisis como arma retórica en su campaña de reelección.
En el centro de la legislación se encontraba un paquete de emergencia de $118 mil millones. El proyecto vinculaba el control fronterizo interno con ayuda internacional, combinando asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán con una reforma sustancial de la política migratoria. Esto incluía procedimientos de asilo más estrictos, mecanismos automáticos de cierre en cruces de alto volumen y más de $400 millones en fondos para tecnología fronteriza, incluidos escáneres para detectar fentanilo oculto en vehículos que cruzan legalmente.
Los sistemas de escaneo, conocidos como dispositivos de inspección no intrusiva (NII, por sus siglas en inglés), fueron adquiridos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero nunca se instalaron por falta de fondos asignados. El proyecto de ley del Senado habría remediado esta situación al autorizar al DHS a desplegar decenas de escáneres en cruces terrestres donde el fentanilo suele ser introducido por ciudadanos estadounidenses en vehículos particulares.
De forma crucial, el proyecto también proponía reducir la presión sobre la Patrulla Fronteriza al permitir que oficiales de asilo —en lugar de los saturados tribunales de inmigración— realizaran las entrevistas iniciales, una política que muchos republicanos habían exigido en sesiones anteriores.
A pesar de coincidir con objetivos conservadores de larga data, Trump denunció el proyecto como un “regalo” político para el presidente Biden y convirtió su destrucción en un eje central de su narrativa de campaña.
Trump advirtió públicamente a los republicanos que no le otorgaran a Biden ninguna victoria legislativa en materia migratoria, y su influencia sobre la base del partido convirtió la desobediencia en un riesgo político. En cuestión de días, Johnson declaró que el proyecto estaba “muerto al llegar”, y los senadores republicanos retiraron rápidamente su apoyo.
La derrota fue más que retórica. La intervención de Trump bloqueó efectivamente los fondos para mejoras inmediatas en seguridad, incluida la instalación de los escáneres de fentanilo.
Este retraso continuó durante los primeros meses de 2025, cuando las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos alcanzaron cifras récord. Funcionarios policiales en estados fronterizos citaron repetidamente la ausencia de tecnología de escaneo como una barrera para la interdicción efectiva.
Si bien los escáneres finalmente fueron financiados a través de una partida presupuestaria separada en marzo de 2024, la demora tuvo consecuencias medibles. Varios dispositivos permanecieron sin uso durante casi un año mientras los decomisos de fentanilo en puntos de entrada legales se disparaban. Informes de supervisión del Congreso a mediados de 2025 indican que, incluso ahora, menos de la mitad de las instalaciones planeadas han sido completadas.
Pero la consecuencia más duradera de la interferencia de Trump podría estar en lo que reemplazó al enfoque bipartidista.
Una vez de regreso en la presidencia en enero de 2025, Trump abandonó la reforma legislativa en favor de la acción ejecutiva. En los primeros 100 días de su segundo mandato, su régimen autocrático emitió una avalancha de directivas que violaron la Constitución de EE.UU., incluyendo órdenes para ampliar las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin supervisión, revivir protocolos de deportación masiva y establecer nuevos acuerdos con autoridades estatales y locales para que actuaran como agentes migratorios.
ICE, cuya financiación se había mantenido estable bajo administraciones anteriores, está ahora en camino de recibir un presupuesto récord de $165.3 mil millones según la propuesta de Trump para 2026. Este aumento ha permitido reactivar programas de control interior altamente polémicos, incluyendo redadas en lugares de trabajo, detenciones en tribunales y operativos conjuntos en ciudades santuario.
Grupos defensores de libertades civiles y abogados de inmigración han advertido que estas expansiones corren el riesgo de convertir a ICE en una herramienta de represión política. El régimen de Trump ha justificado su brutal ofensiva como una respuesta al tráfico de fentanilo y al “caos” fronterizo. Sin embargo, datos del propio DHS indican que la mayoría de las incautaciones de fentanilo ocurren en puntos de control legales, y que la gran mayoría de los traficantes son ciudadanos estadounidenses, no inmigrantes indocumentados.
El regreso de estas tácticas autoritarias ha generado comparaciones con regímenes anteriores que usaron el aparato de control para someter poblaciones mediante el miedo y la vigilancia. Aunque tales analogías son provocadoras, la transformación estructural de ICE en una fuerza de respuesta doméstica ha suscitado preocupación bipartidista en los últimos años. Bajo el renovado liderazgo de Trump, la autoridad de la agencia ahora parece más amplia y menos controlada que nunca.
El resultado es un legado fracturado. Trump obstruyó un camino funcional hacia un control migratorio bipartidista y luego regresó al poder para reemplazarlo con un modelo de policía ejecutiva. Lo que pudo haber sido una modernización estructurada y transparente se ha convertido en una expansión opaca del poder bajo control político unipersonal.
A nivel de políticas, el paquete fronterizo de la era Biden fue diseñado para activar mecanismos automáticos basados en datos de cruces. Cuando el promedio diario superara las 5,000 personas durante siete días consecutivos, el DHS estaría obligado a iniciar cierres de emergencia, restringiendo nuevas entradas y deteniendo a los cruces en espera de revisión. Bajo Trump, no existen tales umbrales —solo una autoridad discrecional amplia, concentrada en la Casa Blanca y ejecutada por ICE.
El régimen actual también carece de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que estaban incorporados en el proyecto fallido de 2024. Mientras ese proyecto incluía supervisión ampliada del Departamento de Justicia, con informes de datos y auditorías de cumplimiento, la expansión del control bajo Trump opera casi exclusivamente mediante directivas ejecutivas.
Memorandos internos de ICE obtenidos por varios medios en junio de 2025 indican que los agentes han recibido una amplia discrecionalidad para iniciar operativos basados en “inteligencia a nivel comunitario”, un término vago sin definición legal.
Comunidades inmigrantes en centros urbanos importantes han reportado un fuerte aumento en redadas no anunciadas desde marzo, particularmente en ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles y Atlanta. Organizaciones de defensa han documentado múltiples casos de personas indocumentadas detenidas sin orden judicial y privadas del acceso a representación legal por periodos prolongados, en condiciones que violan normas procesales de larga data.
Mientras tanto, el discurso público sobre el fentanilo continúa distorsionando el origen y flujo de la droga. A pesar de afirmaciones repetidas por funcionarios del régimen de Trump de que la laxitud fronteriza alimenta la crisis de opioides, los datos oficiales sobre decomisos muestran de manera constante que la gran mayoría del fentanilo entra a Estados Unidos por puertos de entrada legales, oculto en cargamentos comerciales o vehículos particulares.
Los ciudadanos estadounidenses —no los inmigrantes indocumentados— constituyen la mayoría de los arrestados por tráfico de esta sustancia a través de la frontera sur.
Esta desconexión entre retórica y realidad ha permitido al régimen confundir la aplicación migratoria con la interdicción de drogas en la percepción pública, justificando así la expansión agresiva de las facultades de ICE.
En efecto, la sabotaje política de una solución fronteriza real y aplicable en 2024 sentó las bases para su reemplazo por una agencia federal reactiva, punitiva y cada vez menos sujeta a rendición de cuentas.
Para abogados de inmigración y grupos de derechos civiles, la situación actual evoca las políticas posteriores al 11 de septiembre que diluyeron los límites entre seguridad nacional y control policial interno. Pero a diferencia de aquellas medidas temporales, la infraestructura que se está construyendo ahora bajo el segundo mandato de Trump está diseñada para ser permanente.
Nuevos grupos de trabajo regionales de ICE han sido autorizados para coordinarse con agencias estatales de inteligencia y departamentos de policía locales, creando jurisdicciones superpuestas que debilitan la supervisión legal e incrementan el riesgo de abusos.
Críticos dentro del DHS han expresado preocupación de que la administración esté construyendo lo que equivale a un sistema dual de aplicación migratoria: uno para los tribunales, y otro para las calles. El primero requiere debido proceso. El segundo, no.
A partir de entrevistas con varios funcionarios, el consenso es claro: el proyecto fallido de 2024 habría establecido un sistema unificado con estándares aplicables. Su derrota fracturó ese proceso, dando paso a un modelo improvisado que responde no a objetivos de política pública, sino a oportunidades políticas.
El rechazo de Trump al compromiso bipartidista no fue simplemente una táctica electoral. Fue un desmantelamiento estratégico de una estructura viable de control. Ese vacío ha sido ocupado ahora por mandatos ejecutivos, que no tratan a los inmigrantes como una población a administrar mediante el derecho, sino como una base a demonizar para obtener rédito electoral.
Con Trump nuevamente al mando del aparato migratorio federal, las consecuencias de aquella sabotaje de 2024 se están materializando plenamente. Los escáneres de fentanilo finalmente están siendo instalados, pero demasiado tarde para evitar meses de contrabando sin control.
Pero la historia más importante no trata sobre equipos. Trata sobre el poder extrajudicial de Trump.
El proyecto fronterizo derrotado representaba una oportunidad para construir un marco legal duradero. Trump eligió destruirlo y luego presentar los escombros como prueba de su propia necesidad.
