Esta serie explicativa, Doctrina católica sobre la inmigración, explora cómo la enseñanza de la fe y las Escrituras se entrelazan con la política migratoria, centrándose en el papel de la Iglesia católica de Milwaukee en su respuesta a la aplicación de la ley, las dinámicas laborales y la separación familiar. A través de reportajes detallados en contextos legales, económicos y pastorales elaborados por el equipo de Milwaukee Independent, la serie analiza cómo la doctrina de la Iglesia da forma a la acción institucional e informa el compromiso de la Iglesia con los asuntos migratorios a nivel nacional. mkeind.com/catholicimmigration
En Estados Unidos, los debates sobre inmigración a menudo se desarrollan entre la niebla de la desinformación. Afirmaciones engañosas dominan el discurso público, mientras las decisiones políticas se moldean más por cálculos partidistas que por realidades empíricas.
En este clima, la Iglesia católica ofrece no solo una narrativa alternativa, sino también un marco moral basado en la doctrina y en los datos. Confronta los mitos con claridad para reafirmar la dignidad de toda vida humana.
La Arquidiócesis de Milwaukee ha asumido un papel destacado en este esfuerzo, anclando su enfoque tanto en la tradición espiritual como en la evidencia estadística. En el centro se encuentra un compromiso de fe con la verdad.
Dar la bienvenida al extranjero no es solo un acto de caridad, sino una obligación moral. La Iglesia no aborda la inmigración desde líneas partidistas, sino desde una profunda preocupación por la justicia, especialmente cuando las mentiras y los prejuicios amenazan vidas vulnerables.
Uno de los mitos más extendidos y dañinos en circulación en Estados Unidos es la afirmación de que los inmigrantes indocumentados cometen delitos a tasas más altas que los ciudadanos nacidos en el país. Esta creencia, amplificada por la retórica política y la cobertura mediática sensacionalista, ha alimentado políticas punitivas y el miedo en las comunidades.
Sin embargo, los datos muestran constantemente lo contrario. Los inmigrantes —tanto legales como indocumentados— tienen menos probabilidades de cometer delitos violentos, contra la propiedad o relacionados con drogas. La enseñanza de la Iglesia, basada en la dignidad de cada persona, cuestiona la suposición de que el estatus legal se correlaciona con la conducta criminal. El error moral se agrava cuando este mito se usa para justificar políticas generalizadas de vigilancia, detención o exclusión.
Otro falso argumento común sostiene que los inmigrantes consumen recursos públicos sin aportar al sistema. Una vez más, la evidencia desmonta esta afirmación. Los inmigrantes indocumentados contribuyen con miles de millones cada año en impuestos estatales, locales y federales. A través de deducciones salariales y gasto de consumo, ayudan a financiar programas públicos a los que con frecuencia no tienen acceso.
Lejos de ser una carga financiera, el trabajo y las contribuciones fiscales de los inmigrantes son fundamentales para el funcionamiento de todo, desde el Seguro Social hasta la infraestructura pública. La enseñanza católica enmarca esto no solo como una cuestión económica, sino como un asunto de justicia. Es un llamado a reconocer la dignidad del trabajo, sin importar la clasificación legal.
El mito de que los inmigrantes introducen fentanilo al país es otra narrativa frecuentemente utilizada como arma. Si bien la crisis de los opioides es real y devastadora, la afirmación de que los migrantes indocumentados son los principales traficantes de fentanilo carece de fundamento.
Los datos del propio gobierno de EE. UU. confirman que la gran mayoría de las incautaciones de fentanilo ocurren en puertos de entrada legales y son realizadas abrumadoramente por ciudadanos estadounidenses. La Iglesia exige respuestas serias y basadas en evidencia ante el narcotráfico, pero rechaza categóricamente culpar a comunidades enteras por su nacionalidad o estatus migratorio.
Usar el miedo como justificación para la xenofobia no solo distorsiona el problema, sino que convierte las crisis de salud pública en herramientas de manipulación política. Estas no son solo fallas de análisis. Son fallas morales. En cada uno de estos mitos, la verdad no solo se oscurece: se rechaza deliberadamente en favor de narrativas que deshumanizan. La respuesta de la Iglesia es reorientar la conversación hacia la dignidad humana, la responsabilidad comunitaria y la fe en acción.
El esfuerzo de la Iglesia por desmontar estos mitos no se limita a la reflexión doctrinal. En diócesis de todo el país —incluida Milwaukee— las instituciones católicas han desarrollado campañas activas de educación que combinan mensajes de fe con alfabetización informativa. Estas iniciativas no son abstractas. Están diseñadas para intervenir en conversaciones reales, en parroquias y foros públicos, donde la desinformación se propaga sin control.
Este trabajo incluye presentaciones públicas, hojas informativas, talleres y recursos digitales que brindan a los feligreses las herramientas necesarias para enfrentar las narrativas falsas. Pero el objetivo final no es ganar discusiones. Es construir una cultura en la que la verdad, la empatía y la justicia guíen el diálogo. Una cultura que se niega a dejar que el miedo dicte las políticas o reduzca a las personas a simples estadísticas.
Otra creencia errónea muy extendida gira en torno a la idea de que los inmigrantes se niegan a seguir los canales legales y simplemente deberían “esperar su turno”. Desde lejos, esa afirmación puede sonar razonable. Pero como señala constantemente la Iglesia, el sistema de inmigración legal en Estados Unidos está profundamente roto y estructuralmente excluyente.
Para la gran mayoría de los migrantes de bajos ingresos —especialmente aquellos que huyen de la violencia o del colapso económico— no existe una vía legal viable. Las cuotas obsoletas, las categorías limitadas de visado y los retrasos que duran años hacen que el ingreso legal sea, en la práctica, inalcanzable para millones. La Iglesia desafía la retórica simplista del “vengan legalmente” al exponer la imposibilidad práctica de esa exigencia.
Esto va más allá de una crítica técnica. Es una acusación moral contra sistemas que exigen el cumplimiento de leyes que no ofrecen acceso. Criminalizar la desesperación cuando la ley no proporciona una alternativa realista es abdicar de la responsabilidad moral. La Iglesia no solo llama a la reforma, sino a la honestidad: a reconocer que el sistema actual está roto y que su disfunción castiga a los vulnerables por diseño.
En este contexto, la doctrina social católica actúa como correctivo y brújula. Centra la conversación no en fronteras ni categorías burocráticas, sino en relaciones, obligaciones y el valor inherente de cada persona. La tradición de fe insiste en que los debates de política pública no pueden separarse de las preguntas sobre justicia, y que la conveniencia política nunca reemplaza la claridad moral.
El trabajo de desmontar narrativas falsas es continuo. Implica confrontar prejuicios profundamente arraigados, resistir el lenguaje deshumanizante y negarse a reducir vidas complejas a consignas impulsadas por el miedo. Pero para la Iglesia, esta tarea no es opcional. Es una expresión esencial de la fe. Es estar con el extranjero, defender la verdad y afirmar la plena humanidad de quienes corren mayor riesgo de ser borrados por el ruido político.
Al final, el desafío que plantea la Iglesia a los mitos migratorios no se trata solo de hechos. Se trata de fidelidad a las Escrituras, a la conciencia y al imperativo moral de decir la verdad en tiempos de distorsión.
