Esta serie explicativa, Doctrina católica sobre la inmigración, explora cómo la enseñanza de la fe y las Escrituras se entrelazan con la política migratoria, centrándose en el papel de la Iglesia católica de Milwaukee en su respuesta a la aplicación de la ley, las dinámicas laborales y la separación familiar. A través de reportajes detallados en contextos legales, económicos y pastorales elaborados por el equipo de Milwaukee Independent, la serie analiza cómo la doctrina de la Iglesia da forma a la acción institucional e informa el compromiso de la Iglesia con los asuntos migratorios a nivel nacional. mkeind.com/catholicimmigration
Durante décadas, la enseñanza social católica ha ofrecido una crítica moral consistente a la política migratoria de Estados Unidos, particularmente en respuesta a estrategias de control que priorizan el castigo sobre la dignidad humana.
A medida que las medidas federales se han intensificado y la maquinaria de deportación se ha ampliado, la Iglesia católica se ha posicionado no como una voz partidista, sino como un contrapeso al poder estatal sin control. Esta confrontación no es teatro político. Es un imperativo doctrinal, arraigado en siglos de tradición católica y formalizado en encíclicas modernas y guías pastorales.
En el centro de esta tradición están tres principios fundamentales: el derecho a migrar, el derecho de los estados a regular sus fronteras y la obligación de proteger la dignidad humana.
La tensión entre estas ideas tampoco es teórica. Se vive diariamente en los tribunales migratorios, centros de detención y puestos de control fronterizos. La enseñanza católica reconoce la soberanía del Estado, pero insiste en que dicha soberanía no es absoluta. Cuando las leyes resultan en separación familiar, detenciones inseguras o negación del debido proceso, la Iglesia sostiene que esas leyes deben ser confrontadas, no obedecidas silenciosamente.
Una de las áreas clave donde esta tensión se manifiesta más claramente es en el trato hacia las personas indocumentadas que ya viven en Estados Unidos. La Iglesia establece una clara distinción entre el estatus legal y el valor moral.
Según la doctrina definida en los Elementos católicos para una reforma migratoria, la aplicación migratoria se vuelve injusta cuando se dirige contra individuos que ya contribuyen a la sociedad, que crían familias y buscan resolver su situación legalmente. Esto es particularmente cierto cuando el sistema mismo no ofrece una vía viable hacia la regularización.
En tales casos, la Iglesia interpreta que la aplicación migratoria no representa justicia, sino crueldad.
Este marco es especialmente relevante ante los recientes cambios en la política federal. A medida que la aplicación migratoria se ha extendido más allá de las zonas fronterizas hacia lugares de trabajo, escuelas y hogares en sitios lejanos como Milwaukee, la Iglesia ha condenado lo que considera una transformación del Estado en un instrumento de miedo.
La crítica moral no se limita a las deportaciones más mediáticas. También abarca la vigilancia, las redadas laborales y el daño psicológico infligido a familias con estatus migratorios mixtos. Milwaukee no ha logrado escapar de estas dinámicas.
La Arquidiócesis ha documentado los efectos de las acciones migratorias agresivas en el sureste de Wisconsin, donde familias en parroquias locales han enfrentado detenciones, incertidumbre legal y amenazas de deportación. Las organizaciones dirigidas por la Iglesia en Milwaukee han respondido acompañando a los inmigrantes en las audiencias judiciales, conectando a las familias con recursos legales y creando foros comunitarios para educar a los feligreses sobre sus derechos.
Estas intervenciones no son solo actos de caridad; son expresiones prácticas de la doctrina católica. Lo que distingue a la posición de la Iglesia es que no propone simples ajustes a las políticas actuales, sino una reformulación teológica. Desde su perspectiva, la legitimidad moral de una nación se pone a prueba por la manera en que trata al extranjero, no por la efectividad con que controla las líneas de un mapa.
La postura de la Iglesia sobre la aplicación migratoria frecuentemente la ha colocado en desacuerdo con ambos partidos políticos. Aunque reconoce el derecho de una nación a proteger sus fronteras, establece límites morales claros respecto a cómo debe ejercerse esa protección.
La detención de solicitantes de asilo, especialmente familias y niños, es uno de estos límites. La Iglesia ha afirmado reiteradamente que la dignidad de la persona no puede suspenderse en nombre del interés nacional. Las acciones migratorias que ignoran este principio son vistas como injustas y moralmente corrosivas para la sociedad en general.
Esta enseñanza no es una teología abstracta. Orienta acciones directas a nivel parroquial, donde el clero y líderes laicos están capacitados para responder a redadas del ICE, asistir a las familias en procesos legales y ofrecer apoyo con vivienda o cuidado infantil cuando uno de los padres es detenido.
La Arquidiócesis de Milwaukee ha documentado casos en los que este trabajo ha evitado la fragmentación familiar o ha ayudado a algún feligrés a permanecer en el país mientras aguarda una resolución legal. Estos esfuerzos suelen llevarse a cabo discretamente, pero representan una postura deliberada. La Iglesia ha dejado claro que no cooperará con políticas que atenten contra la dignidad humana.
En todo el país, las diócesis han emprendido acciones similares, pero el trabajo en Milwaukee es ilustrativo porque muestra cómo la enseñanza social católica se aplica en contextos alejados de la frontera.
Las narrativas que dominan la cobertura migratoria suelen centrarse en los desiertos de Arizona o los puntos de control de Texas. Sin embargo, las implicaciones morales y legales también se extienden hacia estados interiores como Wisconsin, donde las familias inmigrantes viven, trabajan y asisten a sus iglesias. Es un lugar donde la aplicación migratoria no es menos severa, solo menos visible.
La enseñanza social católica también cuestiona la lógica de criminalización en la que se basa gran parte de la política migratoria estadounidense. Al enmarcar la presencia indocumentada como una violación legal, en lugar de un síntoma de exclusión estructural, el sistema responsabiliza a los individuos, ignorando las fuerzas económicas y políticas que impulsan la migración. La Iglesia rechaza esta narrativa.
En cambio, pide lo que denomina una “conversión del corazón”. Esto no implica simplemente compasión individual, sino un reconocimiento público de las fallas sistémicas. Tal conversión no es retórica, sino que requiere cambios legislativos.
La Iglesia apoya una reforma migratoria integral que incluya regularización merecida, reunificación familiar y protecciones laborales justas. Pero también exige poner fin a políticas de control que traumatizan a comunidades y desestabilizan familias.
Desde su punto de vista, una nación no puede legislar sobre la moralidad mientras utiliza el miedo como herramienta política.
En Milwaukee y otras partes, esta enseñanza se traduce en acción. Determina cómo las diócesis asignan recursos, capacitan voluntarios y coordinan esfuerzos de defensa. Da forma a cartas pastorales y declaraciones públicas, y guía la negativa de la Iglesia a guardar silencio cuando las políticas contradicen su doctrina.
No se trata de desobediencia civil por sí misma. Es fidelidad a una tradición que pone a la persona —no al pasaporte— en el centro del análisis moral.
