Donald Trump ha prometido deportar a “los peores de los peores”. Con frecuencia, en actos públicos, habla de los incontables “criminales peligrosos”. Entre ellos, según él, hay asesinos, violadores y depredadores de menores de todo el mundo que habrían ingresado ilegalmente a Estados Unidos durante el gobierno de Biden.
Promete expulsar a millones de migrantes en el mayor programa de deportación en la historia del país, con el fin de proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley de las amenazas violentas que, asegura, representan. Pero los datos oficiales sobre las detenciones actuales cuentan una historia diferente.
Ha habido un aumento en los arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) desde que Trump comenzó su segundo mandato, con reportes de redadas en todo el país. Sin embargo, la mayoría de las personas actualmente detenidas por ICE no tienen condenas penales. De las que sí las tienen, relativamente pocas han sido condenadas por delitos graves, lo cual contrasta fuertemente con el panorama aterrador que Trump describe para justificar su agenda de seguridad fronteriza.
“Existe una desconexión profunda entre la retórica y la realidad”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho de UCLA. “Esta administración, al igual que la anterior administración de Trump, afirma constantemente que persigue a los peores criminales y habla de la aplicación de leyes migratorias como si todo se tratara de personas violentas y peligrosas con extensos antecedentes penales. Y, sin embargo, en su gran mayoría, se trata de personas arrestadas sin historial criminal alguno”.
UNA MIRADA A LAS CIFRAS
Las estadísticas más recientes de ICE muestran que, al 29 de junio, había 57,861 personas detenidas, de las cuales 41,495 —el 71.7%— no tenían condenas penales. Eso incluye a 14,318 personas con cargos penales pendientes y 27,177 que están sujetas a procesos migratorios pero no tienen antecedentes penales ni cargos criminales pendientes.
A cada detenido, ICE le asigna un nivel de amenaza en una escala del 1 al 3, siendo 1 el nivel más alto. Quienes no tienen antecedentes penales se clasifican como sin nivel de amenaza asignado por ICE. Al 23 de junio —el dato más reciente disponible—, el 84% de las personas detenidas en los 201 centros del país no tenía un nivel de amenaza asignado. Otro 7% había sido clasificado como amenaza nivel 1, un 4% como nivel 2 y un 5% como nivel 3.
“El presidente Trump ha justificado esta política migratoria en parte mediante afirmaciones falsas de que los migrantes están impulsando la violencia en Estados Unidos, y eso simplemente no es cierto”, dijo Lauren-Brooke Eisen, directora del programa de justicia del Centro Brennan para la Justicia. “No hay investigaciones ni evidencia que respalden sus afirmaciones”.
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó como “falsa” la afirmación de que ICE no esté enfocándose en inmigrantes con antecedentes criminales, y aseguró que la secretaria del DHS, Kristi Noem, ha ordenado a ICE “perseguir a los peores de los peores, incluidos pandilleros, asesinos y violadores”. McLaughlin incluyó tanto a personas con condenas como a aquellas con cargos pendientes en la categoría de “extranjeros ilegales criminales”.
Datos no públicos obtenidos por el Instituto Cato muestran que, al 14 de junio, el 65% de las más de 204,000 personas procesadas por ICE desde el inicio del año fiscal 2025 —que comenzó el 1 de octubre de 2024— no tenían condenas penales. De quienes sí tenían condenas, solo el 6.9% había cometido un delito violento, mientras que el 53% había cometido delitos no violentos que caían en tres categorías principales: inmigración, tránsito o delitos relacionados con el vicio.
El total de arrestos realizados por ICE se disparó a finales de mayo después de que el subsecretario de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, impusiera a la agencia una cuota de 3,000 arrestos diarios, frente a los 650 diarios que se registraron durante los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump. ICE arrestó casi un 30% más de personas en mayo que en abril, según el Centro de Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés). Esa cifra volvió a aumentar en junio, con un incremento adicional del 28%.
El Instituto Cato descubrió que, entre el 8 de febrero y el 17 de mayo, el promedio diario de “no criminales” procesados osciló entre 421 y 454. En las dos semanas siguientes, al cierre de mayo, esa cifra subió a 678, y luego aumentó a 927 durante el período del 1 al 14 de junio.
“Lo que estamos viendo es este enorme aumento en el financiamiento para detener personas, deportarlas y aplicar leyes migratorias”, dijo Eisen. “Y lo que vemos es que muchas de estas personas —retomando la pregunta original— no son personas peligrosas”.
EL RÉGIMEN AFIRMA QUE EL ENFOQUE ESTÁ EN CRIMINALES PELIGROSOS
Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, dijo que el régimen de Trump está intensamente enfocado en identificar a criminales no verificados que se encuentran en el país ilegalmente.
“Esta misma semana, la Administración llevó a cabo una operación exitosa para rescatar a niños víctimas de explotación laboral en una instalación de marihuana en California, y continuó arrestando a los peores de los peores —incluidos asesinos, pedófilos, pandilleros y violadores”, escribió en un correo electrónico. “Cualquier insinuación de que la Administración no está completamente enfocada en estos criminales peligrosos es rotundamente falsa”.
Si bien la mayoría de los detenidos por ICE no son criminales condenados, sí hay personas bajo custodia que han cometido delitos graves. El 11 de julio, el régimen de Trump publicó información sobre cinco delincuentes de alto perfil que habían sido arrestados.
Durante su campaña, Trump destacó varios casos en los que inmigrantes en el país sin autorización fueron arrestados por crímenes horrendos. Entre ellos: el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años, quien fue asesinada el año pasado por un hombre venezolano que estaba en EE. UU. de manera ilegal. Jose Ibarra fue declarado culpable de asesinato y otros delitos por el homicidio de Riley en febrero de 2024, y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ibarra está buscando un nuevo juicio.
En enero, Trump firmó la Ley Laken Riley, que exige la detención de inmigrantes no autorizados acusados de robo y delitos violentos.
LOS ESTUDIOS REVELAN QUE LOS INMIGRANTES NO IMPULSAN EL CRIMEN VIOLENTO EN EE. UU.
Sin embargo, las investigaciones han demostrado de forma consistente que los inmigrantes no son los responsables del aumento en los crímenes violentos en Estados Unidos, y que en realidad cometen menos delitos que los ciudadanos nacidos en el país. Un documento de trabajo de 2023 de la Oficina Nacional de Investigación Económica, por ejemplo, informó que los inmigrantes han tenido tasas de encarcelamiento más bajas que los nacidos en EE. UU. durante los últimos 150 años. De hecho, esas tasas han disminuido desde 1960 —según el informe, los inmigrantes tenían un 60% menos de probabilidades de estar encarcelados.
Expertos afirman que la retórica falsa que emana del régimen de Trump genera daños reales.
“Hace que las personas en comunidades inmigrantes se sientan atacadas y marginadas”, dijo Arulanantham. “Genera más espacio político y social para el odio en todas sus formas, incluso crímenes de odio contra comunidades migrantes”.
Eisen señaló que el impacto se extiende a otras comunidades también.
“Todos los estadounidenses deberían querer comunidades seguras y prósperas, y esta idea de que el presidente de Estados Unidos está haciendo afirmaciones engañosas y distorsionando la realidad no es la forma de garantizar la seguridad pública”, dijo.
